Revista de Derecho

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El presente artículo examina las tensiones teóricas y prácticas que suscita el control de constitucionalidad preventivo dentro de los ordenamientos jurídicos latinoamericanos contemporáneos, con especial énfasis en su repercusión sobre los cauces de la democracia deliberativa. A través de un análisis dogmático y comparado, se argumenta que si bien este mecanismo de fiscalización normativa persigue precautelar la integridad constitucional de manera anticipada frente a posibles infracciones legislativas, su ejercicio expansivo puede generar disfunciones sistémicas, constriñendo indebidamente el debate parlamentario y desplazando el centro de gravedad democrático desde los órganos de representación popular hacia los tribunales constitucionales. El estudio problematiza las fronteras conceptuales entre la justicia constitucional abstracta y el principio democrático de soberanía popular, proponiendo criterios interpretativos orientados a compatibilizar la supremacía constitucional con el pluralismo deliberativo. Asimismo, se evalúan las experiencias institucionales recientes en Chile y comparadas, evidenciando que un control preventivo desprovisto de contrapesos rigurosos corre el riesgo depetrificar el debate político ordinario y judicializar prematuramente la política pública. En conclusión, se sostiene la necesidad urgente de reformular los diseños procesales del control preventivo hacia estándares de intervención subsidiaria y deferente con el legislador democrático, garantizando así una arquitectura institucional equilibrada que fortalezca el Estado Constitucional de Derecho sin socavar la legitimidad deliberativa del Parlamento.

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El vertiginoso avance de la tecnología blockchain y la proliferación de contratos inteligentes autoejecutables ("smart contracts") operados mediante algoritmos de inteligencia artificial plantean profundos desafíos a los dogmas tradicionales de la responsabilidad civil extracontractual y contractual. El presente estudio analiza los problemas de imputación de daños cuando un código informático autónomo genera resultados lesivos imprevistos para los contratantes originales. Se examina la insuficiencia de los criterios subjetivos de culpa y dolo tradicionales frente a sistemas algorítmicos opacos (caja negra), y se evalúa la procedencia de instaurar un régimen de responsabilidad objetiva o estricta, o bien la creación de fondos de seguros obligatorios y la personificación jurídica parcial de agentes autónomos avanzados. A partir del análisis doctrinal y del derecho comparado europeo y norteamericano, se proponen soluciones hermenéuticas dentro del marco del Código Civil chileno, identificando figuras como el guardián de la cosa o la culpa por omisión en el deber de supervisión algorítmica como herramientas interpretativas útiles, aunque limitadas. Se concluye que el ordenamiento jurídico civil requiere una modernización legislativa inaplazable que regule con precisión la autoría del daño digital, la carga probatoria en entornos descentralizados y la delimitación del riesgo tecnológico resarcible, precautelando los derechos de los consumidores y terceros afectados por fallas de programación o autonomía artificial imprevisible.

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La consolidación del delito de blanqueo de capitales como una figura delictiva autónoma, desligada de la necesidad de una condena previa por el delito antecedente o subyacente, representa uno de los hitos más significativos en la evolución del derecho penal económico contemporáneo. El presente artículo analiza dogmáticamente el alcance de dicha autonomía, cuestionando los riesgos de afectación al principio de legalidad, de culpabilidad y de prohibición de doble punición (ne bis in idem) que se derivan de interpretaciones judiciales excesivamente amplias en los tribunales penales. A través de un riguroso examen de sentencias recientes y doctrina especializada, se sostiene que si bien la autonomía procesal y probatoria del lavado de activos es indispensable para combatir eficazmente las estructuras financieras de la criminalidad organizada transnacional, dogmáticamente el injusto típico sigue exigiendo la acreditación indubitable del origen ilícito de los bienes objeto de ocultamiento o disimulación. Se discute asimismo la punición del auto-lavado (self-laundering) y sus límites frente a los actos post-delictivos impunes, argumentando que la creación de un peligro abstracto al sistema socioeconómico y financiero justifica la incriminación separada solo cuando concurren actos de efectiva disociación patrimonial. El estudio concluye proponiendo estándares probatorios más estrictos para los fiscales en la acreditación del nexo causal lógico entre los fondos maculados y las actividades delictivas primarias, resguardando las garantías fundamentales del imputado en el proceso penal democrático.

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El acelerado crecimiento de la denominada economía de las plataformas ("gig economy") ha puesto en entredicho los contornos tradicionales del derecho del trabajo, estructurado históricamente sobre la noción binaria de subordinación y dependencia frente al empleador clásico. El presente artículo investiga cómo los algoritmos de asignación de tareas, los sistemas de calificación de usuarios, las directrices unilaterales de rendimiento y la fijación algorítmica de tarifas configuran formas novedosas de control patronal y subordinación jurídica encubierta. A través de un análisis crítico de la jurisprudencia comparada en Europa y América Latina, se examinan las insuficiencias del test tradicional de ajenidad y dependencia para capturar la realidad laboral de los repartidores y conductores de aplicaciones móviles. Se argumenta que la autonomía formal proclamada por estas empresas tecnológicas constituye con frecuencia una ficción contractual orientada a eludir el cumplimiento de cargas sociales, previsionales y de seguridad e higiene laboral. Frente a esta problemática, el estudio propone la consagración legal de una presunción legal de laboralidad o, subsidiariamente, el desarrollo de un estatuto protector intermedio para los trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE), garantizando derechos mínimos de negociación colectiva, desconexión digital e indemnización por desconexión arbitraria, con el fin de preservar la dignidad humana en el nuevo ecosistema digital del trabajo.

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El principio de precaución constituye un pilar fundamental del derecho ambiental contemporáneo, diseñado para actuar como norma de decisión y de gestión ante situaciones en las que existe incertidumbre científica sobre la potencial causación de daños graves o irreversibles al medio ambiente o a la salud humana. No obstante su consagración normativa en diversos tratados internacionales y leyes nacionales, su aplicación práctica y judicialización en los litigios estratégicos ante los Tribunales Ambientales enfrenta complejos obstáculos dogmáticos, especialmente en lo relativo a la distribución dinámica de la carga de la prueba. El presente trabajo examina de qué manera los tribunales especializados han interpretado y aplicado el principio de precaución, contrastando las exigencias tradicionales del onus probandi civil con las particularidades del daño ecológico latente e irreversible. Se argumenta que la rigidez probatoria tradicional resulta incompatible con la lógica precautoria, por lo que se justifica dogmáticamente la inversión o flexibilización de la carga probatoria, imponiendo al titular del proyecto u obra potencialmente peligrosa la obligación de demostrar la inocuidad ambiental de su actividad. A través del análisis de fallos emblemáticos, el estudio demuestra que una correcta operatividad del principio precautorio no implica una prohibición absoluta del desarrollo económico, sino la adopción oportuna de medidas de mitigación y gestión del riesgo basadas en la ciencia rigurosa. Se concluye con propuestas procesales destinadas a dotar a los jueces ambientales de mejores herramientas hermenéuticas para tutelar efectivamente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación frente a la incertidumbre científica.

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El fenómeno del cambio climático global y sus devastadoras consecuencias sobre los ecosistemas y las poblaciones humanas han generado una crisis migratoria sin precedentes, caracterizada por el desplazamiento masivo de personas debido a catástrofes ambientales recurrentes, desertificación y la elevación del nivel del mar. El presente artículo examina la profunda insuficiencia del marco normativo internacional vigente, en particular la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, los cuales restringen la categoría de refugiado a aquellos individuos perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Al excluir explícitamente a los denominados "refugiados climáticos" o migrantes ambientales, el derecho internacional público expone a millones de personas a un vacío de protección jurídica integral. A través de un análisis dogmático de los derechos humanos y del principio de non-refoulement, el estudio explora vías alternativas de tutela jurídica basándose en los pactos globales sobre migración, la protección subsidiaria y la doctrina de los derechos humanos inderogables. Se argumenta que los Estados receptores tienen obligaciones de solidaridad internacional y de acogida humanitaria derivadas de tratados generales de derechos humanos. El artículo concluye abogando por la adopción de un protocolo adicional vinculante o una convención internacional específica que reconozca formalmente el estatus jurídico de los desplazados climáticos, garantizando su reubicación digna y el respeto irrestricto de su dignidad humana.

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El gobierno corporativo de las sociedades anónimas modernas descansa sobre dos pilares fiduciarios esenciales: el deber de diligencia y el deber de lealtad de los administradores frente a la compañía y al conjunto de los accionistas. En el contexto de los grupos empresariales complejos y piramidales, característicos de las economías latinoamericanas, la gestión de los administradores suele verse atravesada por constantes conflictos de intereses derivados de la subordinación del interés social al interés superior del grupo controlador. El presente artículo analiza dogmáticamente los contornos jurídicos del deber de lealtad en la legislación de sociedades anónimas, evaluando la eficacia de los mecanismos legales de revelación de información, aprobación por directorios independientes y votaciones de accionistas minoritarios frente a operaciones con partes relacionadas. Se argumenta que las normas tradicionales de la Ley de Sociedades Anónimas resultan insuficientes para frenar los abusos de control en estructuras de grupos empresariales integrados verticalmente, donde el beneficio de la matriz puede perjudicar patrimonialmente a las filiales abiertas al mercado bursátil. A partir del análisis doctrinal y de la jurisprudencia arbitral y ordinaria, se proponen reformas normativas orientadas a expandir la noción de interés social hacia una perspectiva de sostenibilidad corporativa de grupo, reforzando la responsabilidad personal y solidaria de los directores infractores y otorgando legitimación activa más amplia a los accionistas minoritarios para accionar judicialmente en defensa del patrimonio social.

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El derecho fundamental a la protección de la salud constituye uno de los ejes más controvertidos en la dogmática de los derechos sociales, económicos y culturales dentro del constitucionalismo latinoamericano. El presente artículo investiga los mecanismos de justiciabilidad de este derecho a través de la acción de protección y los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad resueltos por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en el período reciente. Se examinan las tensiones hermenéuticas entre la exigibilidad directa de prestaciones sanitarias de alto costo (como medicamentos huérfanos y tratamientos para enfermedades catastróficas) y el principio de asignación presupuestaria y escasez de recursos públicos. A través de un análisis crítico de la jurisprudencia, se demuestra la existencia de criterios disímiles entre ambos máximos tribunales, lo que genera incertidumbre jurídica y tensiones institucionales sobre el alcance de las políticas públicas de salud. El estudio sostiene que, si bien el juez constitucional no puede usurpar las funciones de diseño presupuestario del Poder Ejecutivo y del Congreso, está llamado a tutelar el contenido esencial del derecho a la vida y a la salud cuando se constata arbitrariedad, discriminación o negligencia manifiesta en la denegación de prestaciones vitales. Se concluye proponiendo criterios de razonabilidad basados en la evidencia médica, la sostenibilidad financiera del sistema público y la igualdad en el acceso, con el objeto de armonizar la tutela jurisdiccional de los derechos individuales con la responsabilidad fiscal colectiva.

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La alteración extraordinaria e imprevisible de las circunstancias económicas existentes al momento de celebrarse un contrato, conocida tradicionalmente como la teoría de la imprevisión o hardship, constituye uno de los problemas más complejos y debatidos del derecho de obligaciones contemporáneo. El presente artículo examina la recepción de la imprevisión en el ordenamiento civil chileno, caracterizado por la rigidez del principio pacta sunt servanda y la ausencia de una norma general expresa que consagre la revisión judicial de los contratos por onerosidad excesiva sobrevenida. A través de un análisis dogmático y comparado con los Principios UNIDROIT y el derecho europeo reformado, se argumenta que el principio general de la buena fe objetiva (consagrado en el artículo 1546 del Código Civil) impone a las partes un deber implícito de renegociación de buena fe cuando sobreviene una alteración sustancial del equilibrio contractual. Se discute la insuficiencia de las soluciones clásicas basadas exclusivamente en la resolución por incumplimiento o en la excesiva onerosidad, proponiendo la consagración legislativa explícita de un derecho subjetivo a la renegociación equitativa y, en defecto de acuerdo, la facultad moderadora del juez para adaptar las prestaciones al nuevo escenario económico. El estudio concluye que la modernización del derecho civil patrimonial exige superar el dogma absoluto de la intangibilidad contractual en aras de garantizar la justicia conmutativa y la supervivencia económica de los contratos de ejecución diferida o prolongada en el tiempo.

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La instauración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas mediante la Ley N° 20.393 y sus sucesivas modificaciones en el ordenamiento jurídico chileno ha significado un cambio paradigmático en la dogmática penal, superando el dogma histórico societas delinquere non potest. El presente artículo analiza los fundamentos teóricos de la punición corporativa, examinando si esta se sustenta en un modelo de heter responsabilidad vicarial o en un defecto de organización propio de la corporación (culpabilidad por defecto de organización). Se pone especial énfasis en el análisis crítico de la eficacia eximente de los modelos de prevención de delitos (compliance programs), cuestionando el estándar de fiscalización que exigen los tribunales penales y los órganos reguladores. A través del examen dogmático de la jurisprudencia reciente, se advierte el riesgo de una mercantilización del derecho penal preventivo, donde la adopción de programas de cumplimiento formales de papel (paper compliance) sirve para eludir indebidamente la responsabilidad corporativa sin que exista una verdadera cultura de cumplimiento ético en el seno de la empresa. El estudio concluye proponiendo pautas normativas rigurosas para auditar la efectividad material de los modelos de prevención, vinculando la ex exención de responsabilidad penal a la demostración de una intervención activa, diligente y verificable del oficial de cumplimiento y del directorio en la neutralización de los riesgos de comisión de delitos corporativos.

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La libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva constituyen derechos fundamentales protegidos por los convenios de la OIT y por los textos constitucionales democráticos. No obstante su reconocimiento formal, la efectividad de estas garantías tropieza frecuentemente con prácticas empresariales antisindicales destinadas a debilitar la organización de los trabajadores, obstaculizar los procesos de huelga legal y amedrentar a los dirigentes sindicales mediante despidos injustificados o represalias encubiertas. El presente artículo analiza el régimen jurídico del fuero sindical y los mecanismos procesales de tutela laboral frente a las prácticas antisindicales en el marco de la negociación colectiva reglada en Chile. A través de un examen crítico de la doctrina y de la jurisprudencia de los Juzgados de Letras del Trabajo, se evalúa la eficacia real de las sanciones administrativas y judiciales impuestas a los empleadores infractores. El estudio sostiene que las multas actuales resultan insuficientes y carecen de un efecto disuasorio real frente a grandes corporaciones, lo que perpetúa asimetrías de poder en las relaciones laborales. Se proponen reformas legales orientadas a consagrar la nulidad absoluta e insubsanable de los despidos antisindicales, la inversión estricta de la carga de la prueba en favor del sindicato afectado y el establecimiento de indemnizaciones punitivas disuasorias, garantizando de este modo la plena vigencia de la libertad sindical como pilar fundamental del Estado Social de Derecho.

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El daño ambiental puro, entendido como la alteración significativa, adversa y mensurable de los recursos naturales y ecosistemas en detrimento del interés ecológico colectivo, ha configurado un estatuto de responsabilidad civil especial, sustancialmente distinto del régimen clásico de daños patrimoniales individuales. El presente artículo examina la aplicación jurisprudencial de la acción de reparación por daño ambiental ante los Tribunales Ambientales chilenos desde su creación, analizando los presupuestos de procedencia: el daño, la acción u omisión culposa o dolosa (salvo en los casos de responsabilidad objetiva legal), y la relación de causalidad. Se problematiza la dificultad probatoria en materia ecológica, donde la complejidad de las interacciones ecosistémicas dificulta la acreditación del nexo causal estricto entre la actividad industrial y el deterioro ambiental específico. A través de un análisis dogmático de sentencias relevantes, se evalúa cómo los tribunales han acogido la prueba indiciaria y la teoría de las cargas probatorias dinámicas para equilibrar las desigualdades técnicas entre los demandantes y las grandes corporaciones contaminantes. Asimismo, se discute el contenido y alcance de la reparación in integrum y de la compensación ambiental cuando la restitución al estado anterior resulta materialmente imposible. El estudio concluye destacando la consolidación de una dogmática ambiental autónoma que prioriza el principio preventivo y restitutorio por encima de la mera indemnización compensatoria dineraria, fortaleciendo la tutela judicial efectiva del patrimonio natural de la nación.

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La doctrina del control de convencionalidad, acuñada y desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha convertido en una herramienta jurídica fundamental para asegurar la efectividad del corpus juris interamericano en los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El presente artículo examina la recepción y aplicación práctica de esta doctrina por parte de los tribunales ordinarios y superiores de justicia en Chile, analizando las tensiones doctrinales que suscita frente al principio de soberanía nacional, la supremacía constitucional interna y la separación de poderes. Se investiga si los jueces nacionales se encuentran obligados a realizar un control de oficio de compatibilidad entre las normas internas (legales y constitucionales) y los estándares de la Convención y la jurisprudencia interamericana, incluso cuando no ha sido alegado por las partes litigantes. A través de un catastro y análisis crítico de sentencias recientes en materia penal, civil y de derecho público, se constata una recepción dispar y a menudo reticente por parte de la jurisprudencia nacional, la cual tiende a subordinar el derecho internacional de los derechos humanos al estricto tenor literal de la legislación interna. El estudio argumenta que el control de convencionalidad no constituye una usurpación de funciones legislativas ni una afectación de la autonomía judicial, sino una exigencia ineludible del bloque de constitucionalidad destinada a garantizar la tutela judicial de los derechos humanos. Se concluye con propuestas formativas e interpretativas orientadas a consolidar un diálogo jurisprudencial constructivo entre los tribunales internos y el sistema interamericano.