Revista de Derecho

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La irrupción de la crisis sanitaria mundial durante el año 2020 puso a prueba la resiliencia institucional de los Estados democráticos, obligando a los gobiernos a recurrir de manera generalizada a los regímenes de excepción constitucional para restringir drásticamente derechos fundamentales tan esenciales como la libertad de circulación, el derecho de reunión y la libertad de empresa. El presente artículo analiza críticamente la legitimidad democrática y los límites materiales de las potestades de emergencia en el derecho constitucional comparado y latinoamericano, examinando el delicado equilibrio entre la imperativa protección de la salud pública colectiva y la salvaguarda intangible de los principios democráticos y las garantías procesales básicas. A través de un riguroso examen dogmático, se evalúa la suficiencia de los controles jurisdiccionales y parlamentarios frente a la concentración de facultades normativas en el Poder Ejecutivo, advirtiendo sobre el peligro latente de una normalización de la excepcionalidad. El estudio sostiene que la proporcionalidad, la temporalidad y la razonabilidad científica deben constituir los estándares inexcusables de fiscalización para evitar excesos punitivos y discrecionalidades arbitrarias que socaven permanentemente el Estado Constitucional de Derecho. Se concluye con propuestas institucionales destinadas a modernizar la arquitectura de las emergencias sanitarias futuras bajo un prisma de estricto respeto a los derechos humanos y fortalecimiento de la fiscalización legislativa.

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Las estrictas medidas de confinamiento, cuarentenas obligatorias e interrupción de cadenas logísticas implementadas a lo largo del año 2020 generaron una parálisis económica sin precedentes que afectó de manera directa la ejecución regular de miles de contratos civiles y comerciales. El presente artículo examina la configuración dogmática de la fuerza mayor y el caso fortuito en el derecho civil patrimonial chileno frente a contingencias sanitarias de carácter sistémico y prolongado. Se analiza críticamente si los decretos de autoridad y las restricciones de movilidad constituyen hechos irresistibles e imprevisibles que liberan de responsabilidad al deudor incumplidor, o si por el contrario, imponen un deber cualificado de renegociación fundamentado en la buena fe contractual. A través de un estudio doctrinal y jurisprudencial comparado con los principios de derecho uniforme de contratos, se problematizan las soluciones indemnizatorias y la distribución justa de las pérdidas sobrevenidas entre las partes contratantes. El trabajo sostiene que la aplicación automática de la eximente de fuerza mayor resulta insuficiente en contextos de crisis prolongada, siendo imperativo promover remedios contractuales basados en la revisión judicial por excesiva onerosidad y el reequilibrio de las prestaciones. Se concluye que el ordenamiento obligacional debe incorporar mecanismos flexibles que incentiven la cooperación y eviten la litigiosidad masiva en situaciones de catástrofe global.

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La masiva aplicación judicial del artículo 318 del Código Penal chileno durante el transcurso del año 2020 para sancionar las infracciones a las normas higiénicas y de aislamiento dictadas con ocasión de la pandemia transformó a este precepto, otrora casi inútil en la práctica forense, en uno de los tipos penales más debatidos de la historia judicial reciente. El presente artículo analiza dogmáticamente los contornos típicos de este delito de peligro abstracto, cuestionando la amplitud de sus fórmulas normativas y los serios riesgos de afectación al principio de legalidad (lex certa) y de fragmentariedad del derecho penal. A través de un examen crítico de la jurisprudencia de garantía y de las Cortes de Apelaciones, se discute si la simple infracción formal de una orden sanitaria administrativa resulta suficiente para configurar el injusto penal, o si el tipo requiere la creación de un peligro real y comprobable para la salud pública colectiva. El estudio argumenta que la intervención penal debe operar bajo estrictos criterios de ultima ratio, evitando la criminalización excesiva de conductas infractoras de índole meramente administrativa o policial. Se concluye proponiendo una reestructuración legislativa del tipo penal que delimite con precisión los elementos de lesividad y dolo requeridos, resguardando las garantías fundamentales del ciudadano frente al uso expansivo del ius puniendi estatal en momentos de crisis social.

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La promulgación de la normativa sobre trabajo a distancia y teletrabajo en el año 2020 marcó un hito histórico en la modernización del derecho laboral frente a la masificación de las tecnologías de la información y la comunicación. El presente artículo analiza los aspectos centrales de esta regulación, poniendo especial atención en la garantía efectiva del derecho a la desconexión digital, la provisión y coste de los equipos tecnológicos por parte del empleador, y la prevención de riesgos laborales en el domicilio del trabajador. A través de un análisis crítico de la doctrina laboralista y de la normativa comparada latinoamericana, se examinan las dificultades prácticas en la fiscalización de la jornada laboral y el riesgo latente de intromisión en la privacidad e intimidad del trabajador que conllevan los softwares de monitoreo remoto de rendimiento. El estudio sostiene que, si bien el teletrabajo aporta flexibilidad y conciliación familiar, requiere un estatuto protector rígido que impida la precarización laboral encubierta y la prolongación abusiva de la jornada. Se concluye proponiendo lineamientos normativos y directrices de negociación colectiva orientadas a resguardar la salud mental y la desconexión efectiva de los dependientes en el ecosistema laboral digital.

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Las restricciones operativas impuestas por la crisis sanitaria de 2020 afectaron severamente la labor presencial de fiscalización y control ambiental que desarrollan los órganos administrativos especializados sobre industrias y proyectos de alto impacto ecológico. El presente artículo investiga cómo la Superintendencia del Medio Ambiente y los tribunales competentes adaptaron sus protocolos de fiscalización mediante el uso de tecnologías de monitoreo remoto, auditorías telemáticas y la flexibilización temporal de ciertas exigencias de reporte. Se examina críticamente el impacto de estas medidas sobre el principio de prevención y sobre los derechos de acceso a la información pública y participación ciudadana consagrados en los estándares del derecho ambiental internacional y el Acuerdo de Escazú. A través de un análisis dogmático de casos recientes, se argumenta que la digitalización de los procesos de control no debe traducirse en una disminución de los estándares de exigibilidad regulatoria ni en una merma en la transparencia informativa hacia las comunidades afectadas. El estudio concluye proponiendo un fortalecimiento de las capacidades de fiscalización inteligente y telemática combinadas con inspecciones presenciales aleatorias, garantizando un equilibrio óptimo entre la continuidad productiva y la protección irrestricta del medio ambiente en situaciones de crisis sistémica.

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La adopción generalizada de medidas drásticas de cierre total de fronteras nacionales por parte de los Estados durante el año 2020, como respuesta a la propagación global de la pandemia, generó un profundo dilema en el derecho internacional público y en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. El presente artículo examina la tensión jurídica entre la legítima soberanía estatal para regular el ingreso territorial con fines sanitarios y la inquebrantable vigencia del principio internacional de non-refoulement (no devolución), consagrado en la Convención de Ginebra de 1951 y en los tratados universales de derechos humanos. A través de un análisis crítico de la práctica estatal comparada y de los pronunciamientos de organismos internacionales, se demuestra que las expulsiones colectivas sumarias y el bloqueo absoluto en fronteras sin evaluación individualizada de las solicitudes de refugio constituyen graves vulneraciones al derecho internacional humanitario. El estudio argumenta que ninguna emergencia sanitaria exime a los Estados del cumplimiento de las normas inderogables de protección internacional de refugiados. Se concluye proponiendo protocolos sanitarios basados en cuarentenas controladas y testeo masivo en lugar de prohibiciones absolutas de acceso, armonizando de este modo la seguridad sanitaria con el respeto irrestricto de la dignidad humana y los derechos de movilidad internacional.

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La implementación acelerada de tecnologías de geolocalización, pasaportes sanitarios digitales y aplicaciones móviles de rastreo de contactos (contact tracing) durante el año 2020 para contener la propagación viral reabrió el debate fundamental sobre los límites jurídicos de la vigilancia estatal y corporativa en menoscabo de la privacidad y la protección de datos personales sensibles. El presente artículo examina la insuficiencia del marco normativo latinoamericano vigente en materia de tratamiento de datos biométricos y de salud, contrastándolo con los estrictos estándares del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo. A través de un análisis dogmático, se evalúa si la emergencia sanitaria justifica la recolección masiva e intrusiva de información privada sin el consentimiento libre e informado de los ciudadanos. El estudio argumenta que el uso de tecnologías de vigilancia epidemiológica debe someterse a estrictos principios de proporcionalidad, minimización de datos, anonimización rigurosa y caducidad temporal automática, evitando que los poderes públicos y las empresas tecnológicas consoliden un modelo de vigilancia permanente post-pandemia. Se concluye abogando por una modernización legislativa inaplazable que dote a los ciudadanos de verdaderos derechos digitales y de una autoridad de control de datos verdaderamente autónoma e independiente.

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La apertura del proceso constituyente en Chile a finales de 2020 marcó un acontecimiento histórico de profunda trascendencia jurídica e institucional para el constitucionalismo latinoamericano contemporáneo. El presente artículo examina los modelos teóricos y procesales de diseño institucional para la canalización democrática del poder constituyente originario, prestando especial atención a las reglas de integración paritaria, participación de pueblos originarios y mecanismos de cabildos ciudadanos deliberativos. A través de un análisis dogmático y comparado con las experiencias constitucionales de Colombia, Ecuador y Bolivia, se investigan las tensiones entre la democracia representativa tradicional y los nuevos paradigmas de democracia participativa y paritaria en la redacción de un nuevo texto fundamental. El estudio sostiene que la legitimidad democrática de una nueva Constitución no descansa únicamente en la pureza formal de los procedimientos de elección de los convencionales, sino en la apertura de cauces reales de deliberación pública inclusiva que reflejen el pluralismo social. Se concluye proponiendo estándares teóricos y metodológicos para evaluar la calidad deliberativa del proceso constituyente, asegurando que el pacto social resultante consolide un Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho con sólidas garantías institucionales.

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La urgencia en la administración de tratamientos farmacológicos experimentales, vacunas de emergencia y protocolos clínicos inéditos durante la crisis sanitaria del año 2020 puso de relieve la compleja articulación dogmática entre la responsabilidad civil médica extracontractual y el principio fundamental del consentimiento informado del paciente. El presente artículo analiza los criterios de imputación de responsabilidad patrimonial cuando los facultativos y centros asistenciales aplican terapias de eficacia e incertidumbre científicas aún no consolidadas bajo la presión de una emergencia epidemiológica. Se examinan los requisitos de suficiencia, claridad y comprensibilidad del deber de información en escenarios de alta complejidad técnica y premura temporal. A través de un análisis doctrinal de la jurisprudencia civil y de la Ley de Derechos del Paciente, se argumenta que la situación de emergencia no exime al cuerpo médico de obtener un consentimiento genuinamente informado, aunque modula los estándares exigibles de previsibilidad del riesgo terapéutico. El estudio concluye proponiendo pautas hermenéuticas orientadas a equilibrar la protección de la autonomía personal y la dignidad del paciente con el respaldo jurídico indispensable para la innovación clínica en situaciones de catástrofe sanitaria.

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El acaparamiento de productos de primera necesidad, medicamentos e insumos médicos y el consecuente incremento abusivo de precios (especulación comercial) registrado durante las primeras etapas de la crisis global de 2020 puso en evidencia las graves lagunas punitivas y regulatorias del derecho penal económico latinoamericano frente a conductas de agio y explotación de situaciones de catástrofe. El presente artículo analiza dogmáticamente la tipificación de los delitos económicos contra el orden socioeconómico y el consumo, examinando la insuficiencia de los tipos penales tradicionales para sancionar eficazmente el abuso de posición dominante y la fijación artificial de precios en mercados desabastecidos. A través de un riguroso examen de la doctrina penal económica y del derecho comparado, se argumenta que la agio-especulación en tiempos de crisis constituye una afectación intolerable al orden económico justo y a la subsistencia de los consumidores vulnerables. El estudio propone la introducción de tipos penales específicos de acaparamiento especulativo con penas agravadas en contextos de estado de excepción, fortaleciendo la coordinación entre la fiscalía económica y los tribunales penales en defensa de la probidad en el mercado.

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La promulgación de legislación especial de emergencia laboral durante el año 2020 introdujo la figura de la suspensión temporal de los efectos del contrato de trabajo financiada mediante el fondo solidario del seguro de cesantía, con el propósito manifiesto de evitar la destrucción masiva de puestos de trabajo frente a la paralización económica. El presente artículo analiza críticamente la compatibilidad de esta medida excepcional con los principios protector y de estabilidad en el empleo que informan el derecho del trabajo contemporáneo. A través de un examen dogmático de la normativa y de la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo, se evalúan los abusos patronales en la invocación de pactos de suspensión, los problemas de suficiencia de los ingresos sustitutivos para los trabajadores y las repercusiones previsionales a largo plazo. El estudio sostiene que, si bien la suspensión temporal actuó como un amortiguador eficaz frente al desempleo agudo, requiere estrictos mecanismos de fiscalización estatal para evitar fraudes corporativos y garantizar que la carga de la crisis no recaiga exclusivamente sobre los hombros de la clase trabajadora. Se concluye con propuestas normativas para perfeccionar los estabilizadores automáticos del empleo en futuras crisis económicas y sanitarias.

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El principio de no regresión ambiental, concebido como un límite material infranqueable al poder del legislador y de la administración para debilitar o rebajar los estándares de protección ecológica ya alcanzados, adquirió una relevancia dogmática inusitada durante el año 2020, ante las presiones sectoriales orientadas a flexibilizar normativas ambientales bajo la justificación de reactivación económica post-crisis. El presente artículo examina la recepción jurisprudencial de este principio en las sentencias de los Tribunales Ambientales y de la Corte Suprema en Chile. A través de un análisis crítico de doctrina especializada, se demuestra que la no regresión se deriva directamente del principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y ambientales (DESCA) y del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El estudio argumenta que cualquier desregulación o rebaja en los estándares de evaluación de impacto ambiental debe superar un test estricto de razonabilidad, necesidad y justificación constitucional. Se concluye destacando el rol fundamental de los jueces ambientales como garantes contra el retroceso ecológico, consolidando un blindaje jurídico indispensable para la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad de la nación.

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La arquitectura institucional de la gobernanza global experimentó tensiones significativas durante el año 2020 en el marco de la gestión internacional de la crisis sanitaria y su impacto sobre la paz y la seguridad internacional. El presente artículo analiza la naturaleza jurídica, el valor vinculante y los límites competenciales de las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en situaciones de emergencia transnacional no bélica. A través de un análisis dogmático del derecho internacional público, se examinan las fronteras entre el Capítulo VII de la Carta de la ONU y las competencias de la Asamblea General y la Organización Mundial de la Salud. El estudio problematiza la reticencia de las grandes potencias a reconocer carácter imperativo automático a las directrices de seguridad sanitaria global, evidenciando las asimetrías de poder en el sistema multilateral. Se concluye abogando por una reforma estructural del Consejo de Seguridad que dote al derecho internacional humanitario de mayores herramientas coercitivas y de cooperación solidaria frente a amenazas globales de carácter sanitario y ecológico.