Revista de Derecho

La irrupción masiva de sistemas de inteligencia artificial (IA) y algoritmos de aprendizaje automático en la vida socioeconómica plantea desafíos sin precedentes para la dogmática tradicional de la responsabilidad civil. Este artículo aborda la problemática de la imputación de daños ocasionados por sistemas autónomos cuyas decisiones operativas escapan al control directo y previsible de sus creadores o usuarios habituales. Se examinan las insuficiencias de los regímenes basados exclusivamente en la culpa probada y se evalúa la pertinencia de transitar hacia modelos de responsabilidad objetiva o de riesgo creado, así como la creación de fondos de seguros obligatorios y la atribución de personalidad jurídica electrónica limitada. Mediante un análisis dogmático y comparado con las recientes directrices de la Unión Europea, el estudio sostiene que la tradicional distinción entre culpa y dolo se ve tensionada por la opacidad algorítmica y el fenómeno de la "caja negra". Se propone un régimen normativo equilibrado que estimule la innovación tecnológica sin dejar desamparadas a las víctimas de daños digitales, incorporando la noción de diligencia algorítmica debida para desarrolladores, fabricantes y operadores comerciales.

El estándar de prueba más allá de toda duda razonable constituye una garantía epistemológica y procesal indispensable para asegurar la legitimidad de las condenas penales, resguardando la presunción de inocencia frente a la potestad punitiva estatal. Sin embargo, su operatividad se ve profundamente alterada en el marco de los procedimientos simplificados y abreviados, mecanismos de simplificación procesal que priorizan la eficiencia y descongestión del sistema judicial sobre el debate probatorio pleno. Este artículo examina los riesgos de flexibilización cognitiva que experimenta el juez al momento de convalidar acuerdos de juicio abreviado basados exclusivamente en antecedentes de investigación reunidos unilateralmente por el Ministerio Público, sin contradicción ni inmediación probatoria rigurosa. A partir de un examen empírico-dogmático de la jurisprudencia de tribunales de garantía y tribunales orales en lo penal, el autor demuestra cómo la exigencia de convicción racional sufre un desgaste sistemático, convirtiendo al procedimiento abreviado en una vía de escape consensual donde el estándar probatorio se diluye. Se proponen salvaguardas legales reforzadas para que el juez verifique de manera estricta la suficiencia indiciaria antes de dictar sentencia condenatoria abreviada.

La tutela efectiva del medio ambiente exige una actuación proactiva por parte de los órganos de la administración del Estado encargados de la fiscalización y superintendencia sectorial. Este estudio analiza los presupuestos doctrinales y jurisprudenciales de la responsabilidad patrimonial del Estado por falta de servicio derivada de la omisión en el ejercicio de facultades fiscalizadoras, cuando dicha inercia administrativa propicia desastres ecológicos o infracciones ambientales graves por parte de particulares. Se examina la tensión existente entre la discrecionalidad técnica de las superintendencias ambientales y el deber jurídico estricto de garantía que pesa sobre la administración pública. A partir del análisis de sentencias recientes de la Corte Suprema, se constata una evolución jurisprudencial favorable a reconocer la responsabilidad estatal solidaria o subsidiaria cuando se acredita una negligencia manifiesta o una infracción a los estándares de debida diligencia fiscalizadora. Se concluye que la consagración de este estándar no solo repara a las víctimas de daños ambientales, sino que incentiva la eficiencia institucional y la rendición de cuentas en la gestión pública ambiental.

Las operaciones con partes relacionadas (OPR) representan uno de los focos de conflicto de interés más complejos en la gobernanza de las sociedades anónimas modernas. El presente artículo investiga la configuración jurídica del deber de lealtad que recae sobre directores y gerentes, examinando los mecanismos legales de revelación de información, aprobación independiente y mitigación de conflictos de interés consagrados en la legislación societaria. Se analiza críticamente la eficacia de los comités de directores como órganos preventivos y se discuten las consecuencias civiles y penales derivadas del aprovechamiento indebido de oportunidades corporativas en beneficio propio o de terceros vinculados. A través de un estudio normativo y jurisprudencial, se pone de manifiesto que la mera autorización formal de una OPR no exime automáticamente a los administradores de su deber fiduciario sustantivo si se acredita que la transacción perjudicó el interés social o vulneró el principio de equidad bursátil. El trabajo propone optimizar los estándares de transparencia y endurecer los remedios indemnizatorios disponibles para accionistas minoritarios afectados por abusos de control.

La masificación del teletrabajo y el trabajo a distancia, acelerada por la transformación digital y las recientes crisis sanitarias globales, ha borrado las fronteras físicas y temporales entre la vida laboral y la esfera personal del trabajador. Este fenómeno ha propiciado la aparición de riesgos psicosociales emergentes, destacando el síndrome de desgaste profesional o "burnout" y la hiperconectividad permanente. El presente artículo examina la consagración jurídica del derecho a la desconexión digital como una manifestación ineludible de la protección a la salud y la dignidad del trabajador. Se analiza la normativa introducida recientemente en el derecho comparado europeo y latinoamericano, evaluando la eficacia de los deberes empresariales de abstención de contacto y la implementación de políticas internas de desconexión efectiva fuera de la jornada ordinaria. El estudio argumenta que la falta de regulación estricta o los vacíos en su fiscalización desvirtúan la naturaleza protectora del Derecho del Trabajo. Se concluye con propuestas concretas de lege ferenda para tipificar infracciones específicas a la desconexión digital y robustecer los mecanismos tutelares en sede judicial.

El arbitraje comercial internacional descansa sobre el principio favorable del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros, consagrado universalmente en la Convención de Nueva York de 1958. No obstante, la excepción de orden público internacional opera como la válvula de escape última mediante la cual los tribunales nacionales pueden denegar el exequátur cuando el contenido o los efectos del laudo vulneran los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado requerido. Este artículo examina los contornos dogmáticos y la aplicación práctica de esta noción elusiva en la jurisprudencia de la Corte Suprema chilena. Se argumenta que, a pesar de la tendencia restrictiva que exige una afectación intoleruable a valores esenciales de justicia y moralidad pública, en ocasiones se observa una deriva proteccionista que confunde el orden público internacional con normas imperativas de derecho interno. El trabajo sistematiza los criterios de distinción y aboga por una interpretación estrictamente mitigada del orden público para preservar la seguridad jurídica transfronteriza y la confianza en el sistema arbitral global.

La introducción de la Norma General Antiabuso (NGA) en los sistemas tributarios latinoamericanos ha generado un profundo replanteamiento en los límites entre la legítima planificación fiscal (economía de opción) y la elusión fiscal sancionable. Este artículo analiza los requisitos de aplicación de la NGA, centrándose en los conceptos jurídicos indeterminados de artificiosidad, ausencia de efectos económicos relevantes distintos del ahorro fiscal y simulación jurídica. A través del análisis doctrinal y de los primeros pronunciamientos emitidos por los tribunales tributarios y aduaneros, se evalúa si la redacción actual de la norma otorga suficiente seguridad jurídica a los contribuyentes o si, por el contrario, genera un clima de incertidumbre que inhibe la inversión privada legítima. El estudio sostiene que la clave para una aplicación equilibrada de la NGA radica en la consolidación de un estándar probatorio riguroso por parte de la administración tributaria, donde la carga de demostrar el propósito económico genuino no desnaturalice la libertad contractual consagrada constitucionalmente. Se concluye con recomendaciones para perfeccionar los procedimientos de consulta previa y arbitraje fiscal especializado.

La evolución del derecho de familia y de la niñez ha transitado desde un paradigma de incapacidad absoluta de los menores hacia el reconocimiento del principio de autonomía progresiva, conforme al cual los niños, niñas y adolescentes ejercen sus derechos en función de su madurez y discernimiento. Este artículo examina el delicado dilema jurídico que surge cuando el principio de autonomía progresiva colisiona con las decisiones de los representantes legales o con el criterio médico tradicional en el ámbito del consentimiento informado para tratamientos de salud complejos o negativas a intervenciones terapéuticas vitales. Se analiza cómo los tribunales de familia ponderan el interés superior del niño frente a la voluntad manifestada por adolescentes con madurez suficiente, equilibrando la protección de la vida e integridad física con el respeto a la dignidad y personalidad en formación del menor. El estudio propone un marco dogmático basado en la capacidad gradual de discernimiento médico, donde la opinión del menor adquiera un peso jurídico vinculante proporcional a su edad y desarrollo cognitivo, sin menoscabar el rol tuitivo de los padres y del Estado.

El delito de blanqueo de capitales (o lavado de activos) ha adquirido una centralidad incuestionable en la persecución penal moderna de la criminalidad organizada y los delitos económicos complejos. Este artículo aborda el principio de autonomía del delito de blanqueo en relación con el delito precedente (delito fuente), examinando los requisitos dogmáticos necesarios para su configuración típica cuando no existe una condena previa ejecutoriada por el ilícito generador de los fondos. Se analiza la jurisprudencia de los tribunales penales y la evolución de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El autor sostiene que, dogmáticamente, el lavado de activos protege un bien jurídico pluriofensivo, destacando el orden socioeconómico y la libre competencia, lo que justifica su punición autónoma como delito de peligro abstracto. No obstante, se advierten riesgos procesales en la práctica judicial chilena al relajar la exigencia de acreditar indicios claros y precisos del origen ilícito de los bienes, lo que podría vulnerar el principio de legalidad y la prohibición de presunciones de culpabilidad en materia penal. Se proponen criterios interpretativos para equilibrar la eficacia preventiva con las garantías procesales del imputado.

El deber de resolver que pesa sobre la administración pública constituye un corolario ineludible del principio de juridicidad y del derecho de petición consagrado en el Estado de Derecho. No obstante, la ineficiencia estructural y la saturación burocrática conducen frecuentemente a la inactividad formal, obligando a los ordenamientos jurídicos a instituir ficciones legales como el silencio administrativo. Este artículo examina el régimen del silencio administrativo negativo, instituido como una garantía para habilitar al administrado a recurrir ante los tribunales contenciosos sin quedar indefenso ante la omisión de la autoridad. Se analiza críticamente la jurisprudencia de los tribunales superiores en relación con los plazos de interposición de recursos judiciales contra actos presuntos y las consecuencias perversas que a menudo genera la ficción denegatoria sobre los derechos de los ciudadanos. Se argumenta que el silencio negativo no debe eximir a la administración de su obligación primordial de emitir un pronunciamiento de fondo, proponiendo mecanismos procesales expeditos que sancionen la negligencia institucional y garanticen una verdadera tutela judicial efectiva.

El auge exponencial del comercio electrónico (e-commerce) ha convertido a los datos personales de los consumidores en el activo comercial más valioso de la economía digital. La recolección masiva, perfilamiento y monetización de información por parte de plataformas proveedoras exigen un replanteamiento de los estándares de protección y responsabilidad civil contractual. Este artículo examina la interacción normativa entre la ley de protección de datos personales y la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, analizando las cláusulas abusivas en contratos de adhesión digitales relativas al consentimiento presunto o informado para el tratamiento de datos. A partir del examen dogmático y del derecho comparado europeo (Reglamento General de Protección de Datos - RGPD), el autor sostiene que el incumplimiento de los deberes de seguridad y confidencialidad en el almacenamiento de datos debe ser considerado una infracción grave a la profesionalidad del proveedor, generando derecho a indemnización por daño moral y material indemnizable en sede de consumo. Se concluye con propuestas para fortalecer la fiscalización de las agencias de protección al consumidor en entornos digitales.

La proliferación de estructuras de subcontratación y suministro de trabajadores utilizadas con propósitos elusivos de la responsabilidad laboral patronal constituye uno de los problemas más persistentes en las relaciones industriales contemporáneas. El presente estudio analiza la aplicación judicial del principio de primacía de la realidad como herramienta hermenéutica insustituible para desentrañar los verdaderos contornos de la relación de trabajo, superando las apariencias formales o los contratos civiles y mercantiles simulados. A través de un examen sistemático de la jurisprudencia de los tribunales de letras del trabajo y cortes de apelaciones, se evalúan los indicios de dependencia, subordinación y ajenidad que permiten imputar la calidad de empleador real a la empresa principal o mandante. El artículo argumenta que la tercerización fraudulenta no solo precariza las condiciones de empleo y debilita la sindicalización, sino que erosiona la base contributiva de la seguridad social. Se concluye proponiendo un endurecimiento de las sanciones por fraude laboral y una ampliación de las facultades fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo para desarticular esquemas de simulación empresarial.

La transición energética hacia fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), como parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas, es un imperativo para mitigar el cambio climático global. Sin embargo, estos proyectos industriales no están exentos de generar impactos ambientales locales significativos sobre la biodiversidad, los ecosistemas frágiles y las comunidades humanas circundantes. Este artículo analiza la aplicación del principio preventivo en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cuestionando la tendencia a relajar los estándares de evaluación bajo la premisa de los beneficios ecológicos globales de la energía limpia. A través de un análisis dogmático y jurisprudencial del Tribunal Ambiental, se examinan los conflictos asociados a la fragmentación de hábitats naturales, la contaminación lumínica y acústica, y la afectación a territorios indígenas protegidos. El autor sostiene que la transición energética debe someterse rigurosamente al principio preventivo y a la participación ciudadana efectiva, evitando que la urgencia climática sirva de coartada para soslayar la evaluación de impactos locales irreversibles. Se concluye con directrices para optimizar el diseño normativo de las resoluciones de calificación ambiental en proyectos de energías limpias.