Revista de Derecho

Las graves perturbaciones económicas y sanitarias vividas a escala global han vuelto a colocar en el centro del debate dogmático el alcance de la teoría de la imprevisión y su tensión con el principio clásico de intangibilidad de los contratos (pacta sunt servanda). Este artículo analiza los fundamentos doctrinales y el derecho comparado en torno a la excesiva onerosidad sobrevenida como causal de revisión o resolución judicial de las obligaciones contractuales en el derecho privado contemporáneo. Se contrasta el rigor formalista de códigos civiles tradicionales frente a las modernas corrientes de unificación del derecho de contratos (Principios UNIDROIT y Código Civil Europeo), que consagran un deber general de renegociación de buena fe ante alteraciones extraordinarias e imprevisibles de las circunstancias económicas básicas. El estudio evalúa críticamente la jurisprudencia reciente de los tribunales civiles, evidenciando cierta resistencia doctrinal a inmiscuirse en la autonomía privada, a menos que se acredite una destrucción absoluta del equilibrio prestacional originario. Se propone una consagración legislativa expresa de la hardship clause que dote a los jueces de facultades moderadoras equilibradas.

La instauración de regímenes de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha significado un cambio copernicano en el derecho penal moderno, abandonando el dogma histórico societas delinquere non potest. Este artículo investiga los fundamentos dogmáticos de la punición corporativa, centrando el análisis en el concepto de "defecto de organización" como el criterio central de imputación que desvincula la responsabilidad de la empresa de la mera condena individual de sus representantes. Asimismo, se examina el rol eximente o mitigador que desempeñan los programas de cumplimiento normativo (criminal compliance), evaluando su eficacia real frente a esquemas de corrupción, cohecho y lavado de activos. A través del análisis empírico de sentencias y resoluciones de fiscalía, el autor demuestra que los tribunales tienden a exigir estándares muy elevados de auditoría interna y efectividad operativa para validar eximentes, rechazando formalismos de papel. Se concluye con recomendaciones dogmáticas para perfeccionar la homologación de los modelos de prevención corporativa con los estándares internacionales de gobernanza ética.

La proliferación de agencias reguladoras y superintendencias dotadas de autonomía técnica y potestad sancionadora severa constituye uno de los rasgos más sobresalientes del Estado regulador contemporáneo. Este estudio analiza la aplicación del principio de proporcionalidad como límite material infranqueable en la imposición de multas y medidas correctivas por parte de estas administraciones independientes. Se examina la tensión entre la discrecionalidad técnica de los órganos fiscalizadores y la interdicción de la arbitrariedad, constatando que muchas veces las determinaciones pecuniarias carecen de una motivación rigurosa sobre la gravedad de la conducta, la capacidad económica del infractor y la reiteración. A partir del análisis sistemático de la jurisprudencia de los tribunales contencioso-administrativos, se identifican los estándares de revisión judicial de la proporcionalidad sancionadora, abogando por un control de intensidad reforzada que evite confiscaciones encubiertas bajo el ropaje de la potestad punitiva administrativa. Se concluye formulando directrices para estandarizar baremos objetivos de cálculo de multas.

Si bien gran parte de la atención dogmática en materia societaria se ha volcado históricamente hacia las sociedades anónimas abiertas y bursátiles, las sociedades cerradas y de responsabilidad limitada concentran la inmensa mayoría del tejido empresarial nacional. En este ámbito, los conflictos entre accionistas mayoritarios y minoritarios adquieren matices particulares marcados por la falta de liquidez de las acciones o cuotas y la exclusión de facto de los órganos de administración. Este artículo analiza los mecanismos legales y estatutarios de protección para los socios minoritarios frente a prácticas abusivas de control, tales como la retención sistemática de dividendos, la emisión de acciones de pago dilusivas y la celebración de contratos leoninos con partes relacionadas. Se examinan las herramientas doctrinales como el derecho de receso judicial, la acción de indemnización por daño social y las cláusulas estatutarias de resolución de bloqueo (deadlock). El estudio concluye que la legislación societaria requiere flexibilizar las causales de disolución por justa causa y reconocer el deber fiduciario de lealtad del accionista mayoritario en sociedades cerradas de estructura familiar.

El acoso laboral o mobbing constituye una de las patologías organizacionales más graves que afectan la dignidad, la integridad psíquica y los derechos fundamentales de los trabajadores en el entorno laboral contemporáneo. Este artículo examina el alcance del deber de seguridad y protección que el ordenamiento jurídico impone al empleador, analizando no solo la prohibición de conductas hostiles, sino también la obligación inexcusable de implementar protocolos preventivos eficaces y canales internos de denuncia imparciales. Se revisan los criterios jurisprudenciales adoptados por los tribunales del trabajo en sede de tutela de derechos fundamentales para calificar el hostigamiento sistemático, distinguiéndolo de las legítimas facultades de mando y dirección empresarial (ius variandi). El estudio argumenta que la inercia patronal frente a denuncias de acoso genera responsabilidad objetiva por daño moral extracontractual y vulneración de garantías constitucionales. Se concluye con propuestas orientadas a estandarizar investigaciones internas bajo principios de debido proceso laboral.

El principio de jurisdicción universal constituye un pilar fundamental para combatir la impunidad frente a los crímenes más graves de trascendencia internacional, tales como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, cuando los tribunales del Estado territorial o nacional del autor se muestran incapaces o unwilling de enjuiciarlos. Este artículo analiza la evolución doctrinal y práctica de la jurisdicción universal en el derecho comparado y su recepción en las legislaciones internas latinoamericanas. Se examinan las tensiones diplomáticas y de soberanía estatal que suscita la persecución extraterritorial de altos dignatarios y agentes estatales extranjeros, así como las restricciones procesales impuestas recientemente por diversos Estados para limitar el activismo fiscal. El autor defiende la tesis de que la jurisdicción universal representa un imperativo ético y jurídico derivado del jus cogens internacional, cuya efectividad requiere fortalecer la cooperación judicial internacional y superar los vetos políticos interestatales. Se concluye con una revisión crítica de los principios de complementariedad y subsidiariedad aplicados por tribunales nacionales.

El uso de instrumentos económicos y tributarios con finalidad extrafiscal se ha consolidado como una herramienta indispensable en las políticas públicas ambientales orientadas a internalizar los costos ecológicos negativos de la actividad industrial (principio "el que contamina paga"). Este artículo analiza la configuración normativa y la eficacia reguladora de los impuestos verdes implementados en el sistema tributario latinoamericano, enfocándose en las emisiones de fuentes fijas, fuentes móviles y el uso de combustibles fósiles. Se examinan las objeciones constitucionales formuladas en contra de los gravámenes ambientales bajo el argumento de confiscatoriedad o doble tributación, así como la respuesta doctrinal que reivindica la legitimidad constitucional de la tributación ambiental como manifestación del deber de solidaridad colectiva y preservación ambiental. A partir de un análisis econométrico y normativo, el estudio concluye que los tributos actuales poseen un carácter predominantemente recaudatorio más que disuasorio debido a tasas marginales reducidas. Se proponen reformas estructurales para encarecer progresivamente las externalidades contaminantes.

La institución de la compensación económica consagrada en la legislación de familia persigue reparar el menoscabo económico sufrido por uno de los cónyuges —tradicionalmente la mujer— como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o del hogar común, inhabilitándose para desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio. Este artículo analiza los criterios jurisprudenciales utilizados por los tribunales de familia para cuantificar el monto indemnizatorio, examinando las dificultades probatorias asociadas a la estimación de expectativas laborales truncadas y aportes no remunerados al patrimonio del otro cónyuge. Se discute críticamente la utilización de fórmulas matemáticas rígidas frente a la ponderación holística de factores como la duración del matrimonio, la situación patrimonial de ambas partes y la edad al momento del quiebre conyugal. El estudio demuestra que la jurisprudencia ha evolucionado hacia un estándar más garantista que valora el costo de oportunidad profesional. Se concluye con propuestas para uniformar los baremos de cálculo pericial en sede judicial.

La ciberdelincuencia patrimonial ha experimentado un crecimiento exponencial, destacando el fraude informático como una de las tipologías delictivas más lesivas para el sistema bancario y los usuarios de plataformas digitales. Este artículo aborda la delimitación dogmática entre el delito de estafa tradicional y el fraude informático, poniendo de relieve que en este último no existe un error inducido en una persona natural, sino una manipulación, introducción o alteración de datos en sistemas informáticos automatizados que genera una transferencia patrimonial inconsulta. Se examinan las dificultades típicas para sancionar conductas de "phishing", "pharming" y manipulación de algoritmos bajo el rigor de tipos penales concebidos para un entorno analógico. A través de la revisión jurisprudencial, se constata la necesidad de superar la exigencia de engaño personal directo, tipificando con mayor precisión las modalidades de defraudación automatizada. Se concluye con propuestas de reforma legal para sancionar el uso malicioso de inteligencia artificial en fraudes masivos.

La contratación pública constituye el mecanismo esencial mediante el cual la administración del Estado provee obras, bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los fines públicos. Sin embargo, la declaración posterior de nulidad de un acto administrativo de adjudicación o del contrato mismo, debido a vicios procedimentales o infracciones a la ley de compras, genera un complejo escenario de colisión entre el principio de juridicidad (que impone la anulación de lo obrado ilegalmente) y el principio de protección de la confianza legítima del contratista de buena fe. Este artículo examina los efectos indemnizatorios y restitutorios derivados de la invalidación administrativa y judicial de contratos estatales, evaluando si la administración debe responder por el lucro cesante o limitarse a la restitución de impensas para evitar el enriquecimiento injusto. A través del análisis dogmático de la jurisprudencia de la Contraloría General y de la Corte Suprema, se aboga por un régimen equilibrado de responsabilidad patrimonial estatal ante la anulación de actos firmes.

El uso generalizado de algoritmos predictivos y de inteligencia artificial para la fijación dinámica de precios (dynamic pricing) en plataformas de comercio electrónico permite a los proveedores modificar en tiempo real el valor de bienes y servicios en función del perfil digital, historial de navegación, ubicación geográfica y capacidad de pago estimada del consumidor. Este artículo examina los riesgos de discriminación algorítmica y asimetría informativa que encubren estas prácticas, evaluando su compatibilidad con las normas sobre información veraz, prohibición de cobros abusivos y deber de profesionalidad consagrados en las leyes de protección al consumidor. El autor argumenta que la personalización extrema de precios basada en perfiles opacos vulnera el principio de transparencia contractual y puede constituir una práctica lesiva de la libre competencia si se articula mediante carteles algorítmicos colusorios. Se proponen exigencias regulatorias de auditoría algorítmica y deberes de información previa cuando se apliquen tarifas automatizadas diferenciadas.

La irrupción de la llamada gig economy (economía de plataformas) ha generado un intenso debate en el derecho del trabajo comparado acerca de la calificación jurídica de los repartidores y conductores que operan a través de aplicaciones móviles, tradicionalmente etiquetados como "trabajadores independientes autónomos" por las empresas tecnológicas. Este artículo analiza los indicios modernos de laboralidad, destacando el concepto de "subordinación algorítmica" reflejado en el control de tiempos, calificaciones de usuarios, bloqueos de cuentas y fijación unilateral de tarifas. Asimismo, se examina el ejercicio del derecho fundamental de sindicalización y negociación colectiva por parte de estos trabajadores de plataformas, evaluando las barreras normativas que enfrentan al ser considerados falsos autónomos. A partir de un examen de las recientes reformas legislativas europeas y latinoamericanas, el autor propone la presunción legal de laboralidad para trabajadores de economía colaborativa dependiente.

El principio de no regresión ambiental se ha erigido como un baluarte hermenéutico esencial dentro del derecho ambiental contemporáneo, impidiendo que el legislador, la administración o los órganos jurisdiccionales rebajen o debiliten arbitrariamente los estándares de protección ecológica ya alcanzados en un ordenamiento jurídico. Este artículo analiza la recepción jurisprudencial del principio de no regresión en las sentencias de los Tribunales Ambientales y de la Corte Suprema, examinando su aplicación frente a modificaciones reglamentarias de normas secundarias de calidad ambiental, flexibilizaciones de resoluciones de calificación ambiental (RCA) y el desmantelamiento de áreas bajo protección oficial. La autora argumenta que, a pesar de no contar con una consagración constitucional expresa en el texto histórico, el principio deriva implícitamente del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos ambientales. Se concluye que la no regresión actúa como un límite infranqueable frente a políticas de desregulación económica extractivista.