Volumen 8 (2023)

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La delimitación de los contornos jurídicos y democráticos del poder constituyente derivado o reformador representa uno de los nudos gordianos más complejos de la teoría constitucional contemporánea. Este artículo examina con rigor dogmático la existencia y justificación de los límites materiales implícitos y explícitos a la reforma constitucional en los Estados democráticos modernos. A partir de un análisis crítico de la doctrina de los contenidos pétreos, las cláusulas de intangibilidad y el principio de soberanía popular, se discute si el órgano encargado de reformar la Carta Fundamental posee una competencia ilimitada o si se encuentra subordinado al núcleo axiológico estructural del Estado Constitucional de Derecho. Se contrasta el modelo de rigidez constitucional europeo con las dinámicas de mutación y reforma en América Latina, evaluando el papel activo que desempeñan los tribunales y cortes constitucionales como guardianes de la identidad democrática frente a mayorías circunstanciales tentadas a desvirtuar el pacto social originario. El estudio argumenta que la rigurosidad procedimental resulta insuficiente si no se resguarda el sustrato material de los derechos fundamentales y la separación de poderes. Se concluye proponiendo un marco interpretativo que armonice el principio democrático de autogobierno con la protección reforzada de los elementos esenciales que configuran la dignidad humana y la forma republicana de gobierno, evitando así los abusos de las reformas inconstitucionales encubiertas.

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La teoría de la imputación objetiva constituye hoy el estándar metodológico imperante para resolver los problemas de tipicidad en el derecho penal moderno, especialmente en el ámbito de la criminalidad imprudente vinculada a actividades industriales, médicas y tecnológicas de alta complejidad. Este artículo analiza los criterios normativos de delimitación del riesgo permitido y el principio del fin de protección de la norma de cuidado en supuestos de intervención plural y división del trabajo. Se discute cómo los baremos tradicionales basados exclusivamente en la previsibilidad subjetiva resultan insuficientes frente a los riesgos estandarizados de las sociedades contemporáneas. A través de un análisis dogmático riguroso y la revisión de jurisprudencia comparada, se examinan las figuras de la prohibición de regreso, la asunción de riesgos por la propia víctima y la actuación a propio riesgo. Se argumenta que la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado exige una ponderación ex ante de los costos y beneficios sociales de la actividad riesgosa, evitando soluciones basadas en la responsabilidad objetiva encubierta. El estudio concluye proponiendo pautas operativas claras para los jueces y fiscales al momento de evaluar la conexidad normativa entre la conducta descuidada del agente y el resultado lesivo producido, resguardando así el principio de culpabilidad y el respeto a la libertad de acción en esferas socialmente deseables pero peligrosas.

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La teoría moderna del derecho de contratos ha experimentado una profunda transformación sistemática, superando los rígidos esquemas tradicionales de la culpa y priorizando el sistema de remedios frente al incumplimiento. Este artículo investiga la configuración dogmática de la resolución del contrato por incumplimiento esencial, tomando como referente conceptual los Principios UNIDROIT, la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías (CISG) y las tendencias recientes de unificación del derecho civil patrimonial. Se analiza la superación de la exigencia de culpa como presupuesto dogmático de la acción resolutoria, enfocándose en la gravedad objetiva del incumplimiento y la frustración de la finalidad económica perseguida por el acreedor al momento de contratar (*substantial deprivation*). Se examinan los criterios interpretativos utilizados por la jurisprudencia nacional para calificar la esencialidad del incumplimiento y la procedencia de la resolución unilateral extrajudicial frente al tradicional monopolio judicial. El estudio argumenta que la consagración legal de un estándar unificado de incumplimiento esencial fortalece la agilidad, la justicia conmutativa y la seguridad en el tráfico jurídico mercantil, dotando al acreedor de herramientas proporcionales para reaccionar eficientemente ante la defraudación de sus legítimas expectativas contractuales.

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La vigencia estricta del principio de legalidad en su vertiente de tipicidad (*lex certa*) constituye la garantía cardinal frente al ejercicio del ius puniendi estatal, tanto en el ámbito penal como en el derecho administrativo sancionador. Este artículo examina los problemas constitucionales y dogmáticos derivados de la frecuente utilización de normas de remisión en blanco y de la tipificación reglamentaria de infracciones administrativas por parte de los órganos reguladores. Se analiza la tensión existente entre la exigencia de reserva legal formal y la necesidad técnica de gestionar la complejidad regulatoria en sectores altamente especializados (tales como telecomunicaciones, medio ambiente y servicios financieros). A través del estudio sistemático de la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa, se establecen los requisitos materiales que legitiman la colaboración reglamentaria: la ley formal debe definir al menos el núcleo esencial de la conducta prohibida y el marco máximo de las sanciones aplicables, impidiendo que el reglamento actúe como creador autónomo de ilícitos punitivos. El estudio concluye proponiendo un estándar riguroso de control de constitucionalidad para aquellas leyes que otorgan potestades sancionadoras abiertas a la Administración, salvaguardando la seguridad jurídica y el principio democrático de representación popular frente a la arbitrariedad burocrática.

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El derecho de acceso a la información pública ha consolidado su estatus como un derecho fundamental autónomo y, simultáneamente, como un instrumento habilitante o "derecho llave" indispensable para el ejercicio efectivo de los demás derechos civiles, políticos, económicos y sociales en una sociedad democrática. Este artículo analiza la configuración doctrinal y jurisprudencial de este derecho en el sistema interamericano de derechos humanos, examinado a la luz de los fallos emblemáticos de la Corte IDH y los estándares globales de transparencia activa y pasiva. Se estudia la legitimidad de las restricciones y causales de secreto o reserva (seguridad nacional, orden público, protección de datos personales), analizando la aplicación rigurosa del test de proporcionalidad y daño exigido a los órganos estatales. Asimismo, se evalúan las dificultades institucionales y procesales que enfrentan los ciudadanos en la sede administrativa y judicial para revertir denegaciones arbitrarias de información. El estudio concluye que la vigencia plena del Estado abierto y democrático exige no solo la existencia de leyes de transparencia formal, sino la consolidación de una cultura institucional de rendición de cuentas que erradique el secretismo estatal y fortalezca la fiscalización ciudadana frente a la corrupción.

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La rigidez dogmática de las reglas tradicionales sobre distribución de la carga probatoria (consagradas en el clásico brocárdico actor incumbit probatio) entra en severa colisión con la realidad de los litigios civiles contemporáneos, caracterizados por profundas asimetrías informáticas, técnicas y económicas entre las partes (tales como litigios de consumo, responsabilidad médica, daño ambiental y contratación bancaria masiva). Este artículo analiza la teoría de las cargas probatorias dinámicas como una herramienta procesal de flexibilización orientada a asignar el deber probatorio a aquella parte que se encuentra en una posición optimizada de facilidad técnica o disponibilidad de los medios de prueba. Se examina la compatibilidad de esta doctrina con el principio de imparcialidad judicial y el derecho al debido proceso, contrastando la experiencia jurisprudencial argentina con los ordenamientos de tradición formalista estricta en la región. Se discuten los riesgos de arbitrariedad judicial ante la falta de criterios legales objetivos para desplazar la carga probatoria y se propone un estándar metodológico basado en la buena fe procesal, la cooperación leal y la colaboración de las partes. El estudio concluye que la aplicación prudente y motivada de las cargas dinámicas es indispensable para garantizar una tutela judicial verdaderamente igualitaria y sustantiva en la justicia civil del siglo XXI.

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La globalización económica y la desmaterialización de las operaciones corporativas transnacionales han facilitado prácticas de planificación fiscal agresiva orientadas a trasladar artificialmente beneficios hacia jurisdicciones de baja o nula tributación, erosionando de manera severa las bases imponibles de los países en desarrollo. Este artículo analiza la implementación práctica de las directrices del Plan de Acción BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) impulsado por la OCDE y el G20 en los ordenamientos tributarios de América Latina. Se examinan con rigor crítico las complejidades técnicas asociadas al principio de plena competencia (*arm's length principle*), la fiscalización de transacciones con intangibles difíciles de valorar y la exigencia de documentación estándar (informe país por país). Se discuten las asimetrías estructurales entre las administraciones tributarias latinoamericanas y las grandes corporaciones multinacionales dotadas de sofisticados esquemas de elusión transfronteriza. El estudio concluye que, si bien la adopción de los estándares BEPS representa un avance regulatorio ineludible, los países de la región deben coordinar políticas fiscales regionales para proteger eficazmente su soberanía tributaria y garantizar una recaudación justa destinada al financiamiento de sus presupuestos públicos.